Test y «narcosalas», claves en la reducción del daño por drogas

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Oporto (Portugal), 30 abr (EFE/Mar Marín).- El castigo y la abstinencia no mitigan los daños de la droga. Es necesaria una nueva visión, con alternativas como el «drug checking», pruebas para analizar los estupefacientes, y lugares de consumo supervisado, las llamadas «narcosalas», asegura Naomi Burke-Shyne, directora ejecutiva de HRI.

Burke-Shyne encabeza la 26ª Conferencia de la Harm Reduction Internacional (HRI), la organización internacional de reducción de riesgos, que reúne hasta el miércoles en la ciudad portuguesa de Oporto a 1.200 expertos para analizar opciones frente al impacto de la droga en los usuarios y la sociedad.

El objetivo, resume la especialista en una entrevista a Efe, es definir políticas y prácticas «para reducir los daños provocados por el consumo de drogas con el foco puesto en la persona, y no en la abstinencia».

La cita de Oporto es especialmente significativa, explica Burke-Shyne, porque Portugal dio un paso de gigante hace veinte años al aprobar la despenalización del consumo.

«Espero que el resto del mundo salga de esa conferencia convencido de que descriminalizar es una parte del proceso para una sociedad más saludable y segura. La salud y la defensa de los derechos humanos son otra parte»

Una decisión que en su momento fue extremadamente polémica y que dividió a la clase política y la opinión pública, según reconoció el expresidente Jorge Sampaio durante la inauguración, pero que dos décadas después ha convertido al país en un modelo internacional.

«Los portugueses no solo cambiaron la ley, sino que también garantizaron acceso a los tratamientos a los usuarios con problemas de salud», apunta la directora de HRI.

«Descriminalizar y vigilar la salud pública». Un ejemplo que Burke-Shyne confía en que impacte en otros países.

«Espero que el resto del mundo salga de esa conferencia convencido de que descriminalizar es una parte del proceso para una sociedad más saludable y segura. La salud y la defensa de los derechos humanos son otra parte», indica.

Una experiencia muy diferente a la que se vive, por ejemplo, en Brasil, donde el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro ha tumbado las políticas de reducción de daños en una apuesta por la «abstinencia».

«Estamos muy preocupados por el cambio en la política del Gobierno de Brasil», admite la directora de HRI. «En el pasado fue un país muy proactivo, manteniendo a la población segura y saludable, tenía un programa de reducción de daños».

«Ahora, la política esta enfocada en la abstinencia y sabemos por décadas de investigación que estos programas no funcionan para reducir los riesgos», alerta.

Evita entrar en el debate sobre la legalización del consumo de drogas. «No soy experta en legalización o regulación», dice. Y defiende un modelo de verificación, «drug checking», que de forma asequible permite al usuario saber el contenido de las sustancias que utiliza y evitar riesgos y sobredosis.

«La verificación de drogas debería estar disponible ampliamente para que la gente supiera lo que toma. Los jóvenes experimentan en fiestas, las personas que viven en las calles también… la verificación es la respuesta para la reducción de daños», argumenta.

Este modelo, continúa, permitiría atajar la amenaza de la llamada «crisis de los opiáceos» que sacude Estados Unidos y Canadá y que se ha cobrado miles de vidas.

«Las personas consumen una droga más potente de lo que piensan y tienen mayor riesgo de sobredosis», denuncia.

A su juicio, «lo mejor que podemos hacer para reducir el daño es intentar que los test de verificación estén disponibles y garantizar que las personas consuman drogas en espacios seguros. Si hay supervisión médica, es más probable que no haya sobredosis».

El mercado de la droga ha experimentado un cambio radical. «Tenemos que mirarlo de una forma completamente nueva. Lo que hicimos durante los últimos años no funciona y la gente muere en las calles», admite.

Burke-Shine subraya la responsabilidad gubernamental en la creación de salas de consumo vigilado, «espacios seguros y legales» con supervisión médica, e insiste en la piedra angular de la reducción de daños: Acabar con la «estigmatización y la discriminación, las mayores amenazas para los usuarios de droga».

La situación es aún más delicada cuando se trata de mujeres y niñas, grupos «increíblemente vulnerables» y «estigmatizados» por partida doble, porque la mayoría de los programas están enfocados a los hombres, los consumidores más visibles.

«Tenemos que asegurarnos de que hay programas específicos y espacios seguros específicos para mujeres», defiende la directora de HRI. «Hay que hablar con las mujeres que consumen drogas y preguntarles qué necesitan».

Un desafío que requiere de compromisos firmes de los gobiernos, que deben asumir los costes de la política de reducción de daños y de atención sanitaria a los usuarios de drogas.

La falta de recursos públicos es, precisamente, uno de los mayores obstáculos.

«En Europa hay muchos gobiernos con capacidad para proveer servicios de salud y sociales, pero en países de rentas medias tenemos una grave falta de fondos para estos servicios», advierte, para concluir: «Falta el 90 por ciento de los fondos». EFE

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