FINJUS considera inminente la apertura de los tribunales a nivel nacional para garantizar el “acceso a la justicia”

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) consideró «inminente» la apertura de los tribunales a nivel nacional para garantizar el “acceso a la justicia” asegurando que cualquier persona, sin importar su condición social, económica, política, pueda acceder al derecho fundamental de la justicia sin demora y garantizándose lo relativo a principios y debido proceso.

FINJUS entiende que las medidas que disponga el Poder Judicial para coadyuvar a enfrentar la crisis sanitaria generada por el COVID-19 no deben reforzar las desigualdades estructurales al acceso a la justicia, las mismas debe estar enfocada a mitigar las incertidumbres jurídicas.

Lea íntegra la declaración de FINJUS

Lasrecientes resoluciones emitidas porel Consejo del Poder Judicialque plantean el plan de continuidad del Poder Judicial,así como el protocolo para el manejo de las audiencias virtuales,parecen revelar la decisiónde mantener el cierreparcialde la modalidad presencialdelas labores jurisdiccionales y administrativas encaminándose a la utilización generalizada de los recursos tecnológicos para el conocimiento de los procesos.

Ciertamente, la propia dinámica del servicio de administración de justicia yde la actividad jurisdiccional hace especialmente difícil los requerimientos de distanciamiento social que se imponen para coadyuvar en la desaceleración de la propagación de la pandemia que nos afecta.Entendemos que son múltiples losescenarios que se plantean en la cotidianidad del Poder Judicial que pueden generar focos detransmisión delvirus y hemosvaloradoel esfuerzo realizado desde el órgano de toma de decisiones del Poder Judicial de establecer medidasde prevención y atencióndesde el inicio delapandemia.

Sin embargo,lasactuaciones del Poder Judicial deben estar encaminadas hacialareactivación delos órganos jurisdiccionales y administrativos en forma progresivaencaminándose hacia la realidad presencialy no hacia una imposiciónabruptadel entorno virtual en el desarrollo del conocimiento de los procesos.

Desde FINJUS entendemos que resultanimportantesy loables los esfuerzos encaminados ala adaptación de forma paulatina del sistema dejusticia a la modalidad virtual. De hecho,fue la proactividad del Consejo del Poder Judicial, al incorporar diversas medidas virtuales,loque impidióque nuestro sistema de justicia se viertotalmente paralizadodurante el cierre de actividades en el país desde mediados de marzo hasta mayo y aundurante el periodo post-emergencia por la actual crisis sanitaria.

Sin perjuicio de ello, no puede obviarse que el establecimiento de la virtualidad en lo inmediato presenta obstáculos mayúsculos y se enfrenta a principios y garantías constitucionalmente protegidos.

Entendemos debe ponderarse la factibilidad dela permanencia e imposición de dicha iniciativa, en razón de que pudieragenerar unagraveafectaciónrespecto del acceso a la justicia dejandoen clara desventaja a grupos históricamentediscriminados, socialmente vulnerables o en estado de debilidad manifiestaal acceso a la administración de justicia y al debido proceso conforme a ley en tiempos de virtualidad.

Si bien el protocolo referido del manejo de audiencias virtuales indica que será totalmente opcional migrar a la virtualidad de las audiencias, no han cesado las demandas de profesionales del derecho y usuarios en general respecto de que ello se le impone. Así también se indican diversos cambios relacionados en la recepción y depósito de documentosy las claras incompatibilidades de las audiencias virtuales con el garantismo penal, para citar un ejemplo.

Principios como la oralidad, la contradicción, la publicidad y la inmediación se ven gravemente diluidas en el entorno virtual.

FINJUS consideraquebienpuedenviabilizarse ciertas accionespara ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnologías, priorizando, por ejemplo,con ciertas reservas,la gestión administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepción de documentos/emisión de copias certificadas.Así también, pudiese ponderarsela factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicialpasandoa la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicación de documentos, audiencias de conciliación en materia laboral, audienciasde emisión de conclusionesen la SupremaCorte deJusticia.

La experiencia en otras latitudes muestra el gran desafío que significa para los sistemas de justicia operar en medio de la crisis sanitaria que nos afecta. Uruguay, por ejemplo,optó por reabrir directamente sus oficinas judiciales con audiencias presenciales.A fin demitigar los riesgos sanitarios se dictaron nuevas medidas para garantizar el necesario distanciamiento social en los edificios judicialestales como asignación de turnos más espaciados, trámites virtuales para reducir el flujo de personas a las oficinas, y otras medidas de organización de las audiencias, como citar a los testigos a los juicios en horarios más reducidos y convocarlos de manera secuencial, iniciándoseun plan piloto para celebrar audiencias por videoconferenciasolamenteen juzgados de primera instancia civil y contencioso administrativoy solosi no hay oposición de las partes.

Resulta crucial e inminente que el órgano de gobierno del Poder Judicialse aboque a la reflexión de sus protocolos y el plan de la reactivación, de manera quela apertura de los tribunales a nivel nacionalgaranticeel “acceso a la justiciaasegurandoque cualquier persona, sin importar su condición social, económica, política, pueda acceder al derecho fundamentalde lajusticiasin demora ygarantizándose lo relativo a principios y debido proceso.

Las medidasque disponga el Poder Judicialpara coadyuvar a enfrentarla crisis sanitaria generada por elCOVID-19 no deben reforzar las desigualdades estructurales al acceso a la justicia, las mismasdebe estar enfocada a mitigar lasincertidumbres jurídicas y, a que las partesante la necesidad de solucionar sus conflictos, tengana sudisposición herramientas y mecanismos legales idóneos yágilesquegaranticen el derecho fundamental a la justiciaen un ambiente democrático, pluralista y que respete la fórmula del Estado Social de DerechoqueestablecelaConstitución.

Consideramos que la justicia es uno de los pilares de la democracia y debe de seguir funcionando aun en tiempos de excepcionalidad y crisis.

ServioTulio Castaños G

Vicepresidente Ejecutivo FINJUS

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